La estrategia privatizadora de la sanidad pública en Castilla - la Mancha (II)

Cospedal prevé desmantelar el sistema público de salud para entregarlo al poder financiero

Joseandrés Guijarro Ponce - ATTAC-CLM. eQuo Cuenca. Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca

En el oscuro monopoly financiero que anda detrás de la privatización de la sanidad pública española, que mueve cientos de millones de euros y sucios clientelismos políticos, el bocado de los hospitales castellanomanchegos juega un papel importante en la pugna por un mercado que promete ingentes beneficios tanto a corto como a largo plazo cuando ni los ciudadanos ni los profesionales han sido informados de los planes previstos por nuestros gobernantes. 

La pregunta que a todos nos asalta al observar el casino de influencias que pugna por hacerse con la gestión de nuestra sanidad pública es clara ¿a qué se debe este desmedido interés por hacerse cargo de la gestión de unos hospitales que el SESCAM asegura tener que vender o ceder a la iniciativa privada por no poder hacerles frente debido a su escasa “rentabilidad” cuando el único ingreso que recibirán estos corsarios de lo público seguirá siendo ese mismo dinero que todos los trabajadores aportamos con nuestros impuestos
para el sostenimiento de nuestra asistencia sanitaria? La respuesta podemos encontrarla muy evidente en la experiencia de todos aquellos lugares que desde hace hace más de dos décadas antes de la excusa de la crisis están cediendo a este saqueo de los bienes públicos. Y se basa en tres grandes argumentos. Por un lado el empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, enormemente favorecida por la salvaje reforma laboral, motivo de la primera huelga general del Partido Popular y a la que por falta de solidaridad y estrechez de miras muchos trabajadores del sector sanitario han decidido no secundar con el miope argumento de pensar que no iba con ellos. Una precariedad laboral, una ausencia de formación continuada, una mayor presión asistencial y un menor estímulo retributivo que en todos los países con experiencia en este camino han demostrado que tiene una incidencia directa en la calidad asistencial y en los ratios de todos los parámetros analizables (morbilidad, complicaciones, reingresos, mortalidad,…) pero que el empresariado español (no solo del sector sanitario) sigue manteniendo como única herramienta para aumentar sus beneficios. En la misma línea, y con las mismas consecuencias, una disminución de la calidad en el material utilizado (desde instrumental diagnóstico o quirúrgico a fármacos) huyendo del uso de los más eficientes, como es responsabilidad de una correcta gestión pública, para inclinarse por los que más beneficios aporten a las empresas distribuidoras cuyos intereses y accionariado comparten. Las estrategias son muy variadas y van más allá (aunque las incluyen) del aumento de la jornada, de los pacientes vistos en consulta o las camas atendidas por cada enfermera. Entre muchos otros ejemplos podemos mencionar la sustitución de radiólogos de guardia, capaces de una mayor eficacia diagnóstica mediante el trato directo con el paciente, el diálogo con el médico que solicita un diagnóstico por imagen y técnicas inocuas como la ecografía, por la realización masiva de pruebas de TAC que someten a una dosis elevada de radiación innecesaria al paciente pero que, además de ser “bien vistas” por los pacientes, no precisan más que de un técnico y pueden ser informadas a destajo en un centro ubicado a cientos de kilómetros. Este es un problema que ha hecho recientemente saltar las alarmas en Estados Unidos donde un comité de expertos ha valorado en un 2% la tasa de los cánceres producidos en aquel país por la irradiación debida a pruebas inecesarias debidas a este modelo. 

El segundo argumento de “rentabilización” de los centros sanitarios públicos de gestión privada es la selección de pacientes etiquetándolos como “rentables” o “no rentables”. La medicina privada a la que estamos acostumbrados en este país es la de pago por servicio prestado, donde el profesional médico facturaba sus actos médicos a la compañía de seguro sanitario con la que contratamos una póliza. En este modelo la tendencia es a incrementar sin límite las pruebas e intervenciones realizadas para engrosar la facturación, algo que, muy equivocadamente, algunos pacientes maliterpretan como una atención de mayor calidad. En el modelo de gestión privada de la sanidad pública, sin embargo, lo que se utiliza es un modelo de pago por cartilla donde las compañías de seguro privado se convierten (junto con otros socios financieros) en los proveedores de la asistencia y es el SESCAM el que paga una cantidad previamente acordada por la asistencia de cada enfermo durante un año, independientemente de la asistencia que éste necesite. En este modelo los beneficios del prestatario dependen estrechamente de limitar la cartera de servicios de los hospitales “periféricos” privatizados a prestaciones muy vistosas pero poco costosas, como la cirugía ambulatoria, mientras que los procesos más caros (como el recambio de una prótesis de cadera) o el 10% de los pacientes “menos rentables” como son los ancianos, los enfermos crónicos o los pluripatológicos, que suponen cerca del 90% del gasto sanitario, serán remitidos a los hospitales “de referencia” que seguirán siendo de gestión pública y donde, a pesar del deterioro progresivo de la asistencia, los costos serán mayores, permitiendo así además una renegociación al alza de las primas recibidas por los hospitales privados y el mantenimiento de la mentira de la mayor “rentabilidad” de la gestión privada. 

La tercera pata sobre la que se sustenta el negocio es la apertura de los centros públicos a la asistencia de pacientes con pólizas privadas, tal y como ya ha comenzado a hacerse en los hospitales públicos catalanes. Con este modelo los hospitales de gestión privada y cartera de servicios “vistosa y rentable” llegan a un acuerdo ventajoso con las compañías de seguros privados (es decir, con ellos mismos) para utilizar las infraestructuras sanitarias que hemos pagado entre todos (ya sea vía financiación inicial o mediante un canon anual) para la atención de pacientes privados que podrán saltarse así las listas de espera que tendrá que padecer quien no disponga de póliza privada o de una buena Visa. De esta forma llegamos al más absurdo posible en la discusión sobre el concepto de copago. No se trata ya de que la clase pudiente limite cada vez más su contribución solidaria a la asistencia sanitaria de los trabajadores y la población más desfavorecida (que es sencillamente en lo que consiste el tan repetido copago/repago) sino que seremos los trabajadores (los únicos que pagamos impuestos en este país, vía IRPF) los que comenzaremos a cofinanciar la asistencia sanitaria preferente de los más adinerados. 

Por último, la tabla que se apoya sobre estas tres patas y que completa este pervertido sistema es una burda, pero eficaz, trampa financiera. Y es el incremento exorbitado del gasto sanitario que este sistema lleva implícito. No se trata por tanto, por mucho que así nos lo quieran vender, de ahorrar un gasto inasumible. Ese gasto se verá continuamente incrementado aunque la asistencia sanitaria se vea cada vez más deteriorada en calidad y prestaciones, yendo directamente a engrosar la cuenta de beneficios de los causantes de esta crisis que ahora sirve como excusa para el desmantelamiento de los servicios públicos. La evidencia está al alcance de cualquiera, tanto en los países que han transitado esta senda como el Reino Unido, como en nuestras comunidades vecinas de Valencia o Madrid. La inversión inicial por parte del sector privado (esa que el erario público no podía asumir) para la inauguración en 2008 de siete hospitales y un laboratorio central en la Comunidad de Madrid fue de 868 millones de euros. A día de hoy el pago del canon anual por parte de las arcas públicas a dichos inversores asciende ya a 990 millones de euros. Y de aquí a la finalización de la concesión, aun en el caso de que no se incremente el canon por encima de lo pactado (algo improbable) el dinero que habrá pasado del erario público a las cuentas privadas será de 6340 millones de euros. Más de siete veces superior al coste inicial. 

La trampa para llamar a este despilfarro austeridad es una simple artimaña de contabilidad financiera. Y no precisamente un invento del gobierno actual. Como la estrategia de privatización de los sólidos sectores públicos de la vieja Europa viene de lejos, el Tratado de Maastritch, dirigido por el Fondo Monetario Internacional, el banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, artífices principales de los dogmas neoliberales en todo el mundo y de sus devastadoras consecuencias, introducía unas cláusulas que pocos conocen pero que son una pieza clave para entender el negocio. Junto al compromiso de que el gasto público de cada país no supere el 3% del PIB ni el endeudamiento público sea superior al 60%, el Tratado recoge, textualmente, que “no se considerará endeudamiento público el contraído por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con dinero público, o por servicios contraídos por el sistema público con empresas privadas”. Esta simple aclaración permite comprender mucho mejor la enfermiza exigencia tanto de la UE como de los gobiernos del PPSOE por el “techo de gasto”, así como la intolerable reforma de la Constitución Española realizada por el gobierno en funciones anterior donde se grababa a fuego en la Carta Magna tanto la prioridad del pago de la deuda por delante de cualquier servicio básico a la ciudadanía como el compromiso de no superar el techo de déficit y deuda que marque en cada momento la UE. Por supuesto ésto no significa, por tanto, gastar menos, sino dejar de invertir directamente para destinar ese dinero (y otro tanto) en proporcionar beneficios a los inversores privados. 

En resumen, un mayor gasto a cambio de una asistencia de peor calidad y más insolidaria pero con un gran beneficio económico directo para los responsables de la gestión de nuestro dinero y nuestros servicios.