No es que el crimen no compense, es que cuando compensa cambia de nombre

Juanse Raigal - ATTAC CLM 

El gobierno del PP ha aprobado, mediante el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, de medidas tributarias y administrativas para la reducción del déficit público, que viene a aprobar una amnistía fiscal para los defraudadores bajo la rúbrica de una “declaración tributaria especial” por la que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar, hasta el 30 de Noviembre de 2.012, una declaración que regule su situación tributaria, ingresando el 10% del valor de los bienes o derechos que afloren, que producirá la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos a estos DEFRAUDADORES.

Obviamente, este lavado de dinero negro supone la violación más flagrante del artículo 31 de la Constitución que dispone: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Esta apreciación no es gratuita ni infundada sino que está avalada por el propio colectivo de técnicos del Ministerio de Ministerio de Hacienda (GESTHA) quienes así lo han manifestado.

¿Qué viene a suponer esta medida? Ni más ni menos que la legalización de aquellas conductas y de aquellas personas que han defraudado a los demás ciudadanos que sí han cumplido con sus obligaciones tributarias; es decir, mientras los buenos contribuyentes han tenido que soportar tipos impositivos de hasta un 52% de sus rendimientos contribuyendo de esta forma al sostenimiento de los gastos públicos, los malos contribuyentes son premiados por el gobierno del PP con un tipo impositivo único del 10% de lo defraudado que, además, les va a servir para “lavar” ese dinero sucio (defraudación, corrupción, explotación, estafas, narcotráfico, contrabando de armas y personas, juego ilegal, prostitución, etc) dejándolo impoluto.

Cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país (sobretodo la clase trabajadora) están sometidos a un régimen de retenciones dinerarias en su nómina, en los alquileres, en los pagos fraccionados de las actividades económicas, etc, que vienen a suponer más de un 80% de los ingresos del impuesto sobre la renta, nos va a dar un ataque de risa cuando tengamos que hacer la próxima declaración de la renta a partir del venidero mes de mayo, al pensar en la confusión que tienen estos gobernantes con la película de Robin Hood. ¡Que no señores gobernantes, que no, Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres, no al contrario!. O a lo mejor no es así y nos da un ataque de cabreo de tres pares de narices al pensar en la tomadura de pelo que nos han hecho.

A todo esto me imagino que alguno de los demás partidos políticos del arco parlamentario (como ellos dicen) se le ocurrirá formular un recurso de inconstitucionalidad contra la susodicha amnistía fiscal. No hay problema, cuando este alto Tribunal resuelva el recurso dentro de unos años, los defraudadores ya habrán lavado su dinero y, caso resuelto: habrá sido una medida ilegal, pero se habrán salido con la suya.