Una amnistía fiscal, antieconómica, arbitraria, antisocial e injusta

Entrevista a Rafael Hernández, economista y miembro de ATTAC Castilla-La Mancha

Attac CLM -¿Qué supone la amnistía fiscal?

Rafael Hernández.- Desde un punto de vista técnico, la amnistía fiscal es la posibilidad de regularizar, bajo determinadas condiciones, cantidades de dinero que en su día se ocultaron al Tesoro Público. El plazo para el ejercicio de esta opción termina el próximo 30 de noviembre y supone un coste final para el, digamos "contribuyente", de un 10% sobre la cuantía aflorada. En la práctica se convierte en una lavandería de dinero negro a precio de saldo. Una especie de rebajas de verano para delincuentes económicos.

Pensemos en el propietario de un local de negocio arrendado. En su día optó entre:

- Declarar y pagar sus impuestos,18% de IVA y hasta un 52% del IRPF.

- Hacer trampa en sus declaraciones y arriesgarse- si es descubierto - a pagar lo mismo que el anterior más sanciones (en torno al 100% de lo defraudado) e intereses.

- No declarar nada y cobrar el alquiler en efectivo.

Ahora se acoge a la amnistía, abona un 10% y se ahorra el IVA, el IRPF, las sanciones y los intereses.

¿Hay un trato desigual a las otras rentas?

Se trata de una medida injusta, arbitraria, antieconómica y antisocial.

Injusta porque "no es de recibo que a los que pagan se les suban los impuestos y a los que defraudan se les perdonen... Es impresentable que la salida de la deuda sea amnistiar a los que defraudan" (Cospedal, 7 de junio de 2010).

Es arbitraria porque concede un trato de favor a quién practica la economía sumergida, frente a otras formas evasión fiscal o frente al simple error en una declaración.

Es antieconómica porque proporciona ventajas competitivas a los malos contribuyentes. Mientras los ciudadanos y empresarios honrados tienen que soportar tipos del 25, 30 o hasta del 52% en el Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF; los "otros", solo pagan un 10. Las empresas que defraudan serán con criterios de mercado, el modelo a seguir. Tendrán menos costes y mas beneficios.

Es antisocial porque además de condonarse dinero se están dejando sin castigo conductas tipificadas, por lo menos, como delito contra la Hacienda Pública y delito contable por el vigente Código Penal. No hay medio para controlar el origen de los fondos y, en la práctica, nada impide que narcotraficantes, tratantes de armas, proxenetas, mafiosos y hasta terroristas utilicen esta fórmula y este país para hacerse legales. España se convierte en una especie de paraíso exclusivo para delincuentes de clase business.

Constituye, por último, la confesión por parte del ejecutivo de que no puede o no quiere controlar las grandes bolsas de fraude.

¿Hay mucho dinero oculto?¿De que sectores?

Los estudios más recientes son coincidentes y sitúan la cifra de economía sumergida entre el 21 y el 23% del PIB. Esto equivale a unos 240.000 millones de euros. GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) habla de 23%; Comisión Europea del 22; Banco Mundial del 22'6 e Instituto de Estudios Fiscales de un 21%.

Esos mismos estudios atribuyen a la gran especulación inmobiliaria, a "los pelotazos" de los felices tiempos pasados, el origen de la mayor parte de los fondos. Su localización actual es diversa y va desde las cajas de seguridad de los bancos (la versión con corbata del clásico "bajo la baldosa") a las sofisticadas cuentas en los antes denominados paraísos fiscales. Siempre hay un rasgo común: la intervención del sector financiero. Por omisión o por acción se convierte en colaborador necesario de esas prácticas.

¿Hay otras opciones de hacer aflorar ese dinero oculto y qué supondrían? ¿Evitarían en algo los actuales recortes?

Existen alternativas a la amnistía fiscal para hacer aflorar el capital oculto. La mas obvia es la persecución decidida de la economía sumergida. Eliminarla es pura utopía, pero reducirla a una tasa similar a la media de la Unión Europea (sobre el 13%), es un objetivo posible y una obligación ética. Se recaudarían entre 30.000 y 35.000 millones de euros. El objetivo de reducción de déficit quedaría cubierto por esa sola vía y los recortes serían innecesarios. La previsión del Gobierno es que afloren a través de regularización, unos 25.000 millones. Al 10% dan al Tesoro 2.500 millones de euros. Poca cosa frente a los 35.000 que se obtendrían mediante una lucha real y decidida contra el fraude.

La sorprendente garantía de confidencialidad que se concede por Ley a todo el que se acoja a este mecanismo, confirma que se trata de un acto vocacional y no de pura obediencia a las circunstancias. Como muy bien indicaba Mariano Rajoy allá por el 2010, "lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal, es confianza en la política económica del país y en el Gobierno". Lástima que la amnesia selectiva que parece contagiarse con solo tocar las llaves de la Moncloa, le impida recordarlo.