Los recortes sanitarios y su repercusión en el Hospital de Cuenca

Joseandrés Guijarro Ponce - ATTAC-CLM. eQuo Cuenca. Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca

Las drásticas medidas de recorte del gobierno popular en Castilla - la Mancha ya están comenzando a tener serias repercusiones en la asistencia sanitaria a los ciudadanos conquenses. Plantas de hospitalización saturadas por el recorte en el personal de enfermería y el cierre de plantas. Listas de espera disparadas hasta el punto que el SESCAM ha dejado de publicar datos oficiales sobre dichas demoras, tanto en la primera valoración por parte del especialista como en las revisiones o la realización de pruebas diagnósticas. Demoras en la primera consulta de más de un año (independientemente de la urgencia del motivo de la derivación desde Atención Primaria). Pacientes con cáncer cuya operación se retrasa varios meses por el retraso en el estudio de extensión previo. Pacientes oncológicos a los que los TACs de sus revisiones se retrasan más de seis meses respecto a lo indicado por el oncólogo responsable. Agendas cerradas por tiempo indefinido. Citologías ginecológicas para el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix cuyos resultados tienen a día de hoy un retraso de más de cuatro meses. Fármacos imprescindibles para el tratamiento del cáncer o instrumental quirúrgico que los distribuidores ya no proporcionan al hospital por los impagos.
Técnicas diagnósticas como la “biopsia con arpón” para las pacientes con sospecha mamográfica de un cáncer de mama que ya no se hacen en el hospital. Eliminación de servicios hospitalarios básicos como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Caótica implantación de un sistema de historia clínica digital. Eliminación de conciertos sin soluciones alternativas, como las unidades de media y larga estancia para enfermos crónicos y ancianos, o la sustitución de algunos, como la logopedia, por otros de ínfima calidad sin ningún tipo de concurso público. Eliminación de prestaciones como la mayor parte de las pruebas metabólicas congénitas a los recién nacidos (prueba del talón). Suspensión de fondos a servicios como la unidad de cuidados paliativos. Eliminación de las sesiones clínicas hospitalarias y la posibilidad de formación continuada. Y suma y sigue. 

Drásticos recortes que afectan ya seriamente a la asistencia de ciudadanos con enfermedades muy graves, disminuyendo no solo su calidad de vida sino incluso sus posibilidades de supervivencia. Recortes machaconamente amparados en la falta de recursos cuando realmente lo único que buscan es justificar el desmantelamiento de la gestión pública de la salud y su conversión en un negocio rentable precisamente para esa minoría culpable directamente de la actual situación financiera del país. Recortes dirigidos única y exclusivamente a facilitar la aceptación ciudadana de la privatización del único hospital con que cuenta nuestra provincia. Una privatización que en modo alguno supone una mejor gestión o una reducción en los costes. Los enormes beneficios detraídos de las arcas públicas, único objetivo de los inversores privados, hace que el modelo privado no sea “algo” más costoso, sino, como demuestran la experiencia en Valencia, Madrid o el Reino Unido, hasta siete veces más caro que la financiación y gestión pública. Y, como la misma experiencia ha demostrado suficientemente, unido a una peor calidad asistencial y un deterioro de todos los parámetros sanitarios evaluables objetivamente. 

Por ello las actuales medidas llevadas a cabo por el actual gerente madrileño de todo el área de salud de Cuenca (actualmente Gerencia Única de Atención Primaria y Especializada) no buscan una mejor gestión de los recursos disponibles (objetivo al que no van encaminadas ninguna de las medidas adoptadas) sino otras tres intenciones bien distintas: 

En primer lugar la precarización laboral de los profesionales sanitarios mediante una reducción de los sueldos, un aumento del horario, una sobrecarga de trabajo y una reducción de plantilla que alivie el coste salarial a la empresa adjudicataria del nuevo hospital, aunque sea a costa de la calidad asistencial a los usuarios. 

En segundo término la reducción progresiva de la cartera de servicios que vaya acostumbrando a los ciudadanos a que buena parte de su asistencia, especialmente la más costosa, se preste fuera de la provincia, en Albacete o Ciudad Real, a cientos de kilómetros de distancia, en aquellos hospitales que se mantendrán bajo gestión pública para la atención, cada vez más deteriorada y saturada, de aquellas patologías y pacientes “menos rentables”. Esta es una estrategia que los ciudadanos conquenses no parecen querer entender pero que convertirá el futuro hospital de Cuenca en un centro comarcal destinado únicamente al tratamiento de patología menor y a la rentabilización de su infraestructura por parte de los seguros privados, mientras que los pacientes con problemas graves de salud serían derivados a los centros públicos de Albacete o Ciudad Real. Una circunstancia más grave (por nuestra lejanía geográfica) que la que se va a dar en Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares o Almansa cuyos centros hospitalarios, por la modernidad de sus instalaciones, que no por su “falta de rentabilidad” serán los primeros en ser vendidos al capital privado para después contratar sus servicios y donde, a diferencia de nuestra provincia, la ciudadanía está fuertemente concienciada y lleva varios meses organizándose y movilizándose en contra de tal despropósito. 

Por último, toda esta batería de recortes que en ningún caso se acompañan de medidas para aumentar la eficacia de los recursos o la gestión, buscan, finalmente, algo tan simple como deteriorar al máximo posible la asistencia sanitaria del modelo actual para que cualquier opción, incluso su venta a entidades privadas, sea vista por una ciudadanía desesperada como una alternativa válida al caos y la degradación asistencial ahora comenzada y que se verán incrementados rápidamente en los próximos meses. Por ello no basta con denunciar deficiencias concretas sino que es necesario, ahora o ya nunca, frenar el despropósito que supone la venta de toda la infraestructura hospitalaria de la provincia a la empresa privada y su desmedido afán por conseguir rentabilidad a cualquier precio. 

No cuando ese precio es nuestra salud. No podemos seguir instalados en el Ea! y seguir viendo pisoteados nuestros derechos ciudadanos más básicos.