Primer impacto de los recortes en sanidad

Matteo Guainazzi – Observatorio Servicios Públicos ATTAC España

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública,FADSP (http://www.nodo50.org/fadsp/) acaba de publicar un primer “Informe sobre los Recortes Sanitarios en las Comunidades Autónomas”. En promedio, el presupuesto sanitario por habitante desde 2010 ha disminuido en 140,13 € (el 10,4% en Euros “corrientes”, es decir sin tener en cuenta la devaluación del dinero debida a la inflación). Sin embargo, este promedio esconde enormes diferencias entre las Comunidades Autónomas (CCAA), ya que algunas como Baleares han sufrido ya un recorte de casi el 18 % en el trienio 2008-2010. En Madrid y Andalucía el presupuesto se ha mantenido prácticamente estable, frente a CCAA donde la disminución ha sido mayor del 13% (Cataluña y Comunidad Valenciana), hasta llegar al 26,7 % de Castilla La Mancha. Persisten también enormes diferencias en gasto por habitante entre las CCAA, desde los 1557,8 € del País Vasco y los 1495,9 € de Asturias, hasta los menos de mil euros por habitante en la Comunidad Valenciana y en Castilla La Mancha.

A la disminución de prestaciones debida directamente a los recortes presupuestarios se añaden intervenciones de tipo administrativo que de hecho merman el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública. El informe de la FADSP analiza en particular:

· La disminución de las plantillas, a través del aumento del horario de los trabajadores del sistema sanitario públicos (2,5 horas en Baleares, Madrid, Castilla la Mancha y Valencia); la reducción de los días de asuntos propios y la eliminación de los días adicionales por antigüedad (Valencia y Castilla la Mancha); la disminución de conceptos ligados a las retribuciones (Galicia, Baleares, Valencia y Castilla La Mancha) la disminución de interinidades y contratos eventuales; la cobertura de solo el 10% de las vacantes por jubilación (Galicia); y la reducción del presupuesto de acción social (Baleares).

· La introducción de tasas y copagos, como la tasa para la renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en Baleares o por extravío en Galicia. En Galicia destaca la decisión de no otorgar la TSI a las personas que no lleven por lo menos 6 meses empadronadas en la Comunidad, así como el retiro de las prestaciones sanitarias a las personas que pierden el derecho a las prestaciones de la seguridad social por paro prolongado. Una propuesta para introducir un copago de 1 € en las recetas sanitarias se encuentra en discusión en el Parlament de Cataluña.

· La reducción de prestaciones, como el cierre de los quirófanos de tarde (Galicia, Canarias, Valencia), la disminución de la atención radiológica y del servicio de ambulancias (Galicia), el impago a centros privados que realizan abortos (Castilla La Mancha), o el pago anticipado por la misma prestación (Baleares).

El objetivo ideológico fundamental (el desmantelamiento de la sanidad pública utilizando el pretexto de la crisis) que hay detrás de estas medidas queda patente por el hecho de que, al mismo tiempo, muchas CCAA están fomentando la privatización de los servicios sanitarios, a pesar de la evidencia que la privatización supone un aumento de los costes para las administraciones y los usuarios, además de una reducción en la calidad de la atención sanitaria. Se incrementan los conciertos y las externalizaciones al sector privado (Canarias), se propician iniciativas de financiación privada para la construcción de centros sanitarios (Galicia, Madrid, Baleares), se ponen en marcha Entidades de Base Asociativa en los centros de salud (Valencia), o –sencillamente y llanamente– se privatizan hospitales hasta ahora públicos (Castilla La Mancha) o servicios administrativos (Galicia). En Cataluña la fragmentación del Instituto Catalán de la Salud en varias empresas autónomas se interpreta como paso previo a su privatización. En Baleares los consorcios de empresas constructoras y bancos son los propietarios de los hospitales de referencia de Mallorca y del futuro en Ibiza, así como los gestores de todos los servicios no-clínicos, por los que cobrarán un alquiler a la sanidad pública durante 30 años además de la hipoteca de los edificios.

Más allá de la disparidad en las políticas llevadas a cabo por las diferentes CCAA se identifica un hilo común: apostar por la insuficiencia económica del sector público frente a la eficiencia en el uso de sus recursos; por la medicalización frente a la promoción de la salud y las políticas de prevención; se abandonan las políticas de incentivación del personal; se privatizan las partes más rentables del sistema sanitario y se introducen barreras de acceso a los servicios asistenciales que merman directamente el principio constitucional del acceso universal.

“Esto es solo el comienzo del comienzo”, ha amenazado la Vicepresidenta primera del Gobierno.