Si hay rescate, exijamos un referendum

Juanse Raigal - ATTAC Castilla-la Mancha
 

Las palabras del presidente del BBVA Francisco González, acuciando al Presidente del Gobierno Sr. Rajoy para que pida ya un rescate a la CE, es otra voz más de las muchas que se vienen pronunciando estos días en tal sentido -sobre todo ligadas a entidades financieras- como si ello fuera la panacea y solución a los graves problemas económicos por los que pasamos los ciudadanos de este país. 

¿Alguien me podría explicar si los más de 100.000 millones de euros inyectados ya por el gobierno a los bancos han servido para algo? ¿Las duras reformas laborales y financieras acometidas por nuestros gobernantes han aliviado la crisis? ¿Los ciudadanos de Grecia, Irlanda y Portugal están mejor ahora, una vez intervenidos y gobernados “de facto” por la troika comunitaria? Evidentemente no.

Las consecuencias que nos podría traer la solicitud de un “rescate” van más allá de
los factores económicos, incidiendo directamente en la soberanía popular; es decir, en la capacidad para el autogobierno.

A nadie se le escapa, como estamos viendo ya en los países que han sido rescatados, que los funcionarios del BCE, del FMI y del Bundesbank se han instalado en los ministerios de economía de los mismos imponiendo las condiciones que deben seguir en sus políticas de austeridad y recortes, y todo ello con la finalidad de salvaguardar los intereses de los acreedores financieros (sobre todo, bancos alemanes). Ni un euro de los destinados al rescate de dichos países irá a parar a los ciudadanos, sino a pagar los intereses de la deuda externa. El sacrificio de la deuda externa recae, como siempre, en la población, nunca en quienes han provocado la crisis, en los banqueros, en los especuladores.

Como quiera que la “casta política” gobernante cada vez está más alejada de la ciudadanía e incumple –ya sin rubor alguno- las promesas electorales, han llegado a la conclusión de que la democracia es sólo el ejercicio del derecho del voto por los gobernados cada 4 años, y nada más. La negativa a admitir formas de participación ciudadana que no sean encauzadas a través de los partidos políticos, están siendo reprimidas sin contemplaciones, acudiendo a una interpretación restrictiva y subjetiva de las leyes que regulan los derechos de reunión y manifestación. El Decreto Ley se ha convertido en la forma normativa elegida por el PP, dejando al congreso como un órgano decorativo donde no se debate, sino que se vota para refrendar los decretos, amparándose en la mayoría absoluta.

Pero ¿qué pasa con nuestra Constitución? ¿La posible y probable solicitud de “rescate” también va a ser impuesta por Decreto-Ley?

El Artículo 92 de la Constitución dice:
“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.”

La decisión de pedir el “rescate”, al ser una decisión política de especial trascendencia para el futuro de este país, fundamentalmente por la pérdida de soberanía que ello conllevaría, debe ser sometido a referéndum al igual que en su día lo fue para la permanencia de España en la OTAN en el año 1986, o el del tratado de la Constitución Europea de 2005.

Esperemos que la responsabilidad política que tienen los demás partidos que no están en el gobierno les haga exigir la celebración de un referéndum, si por parte del PP se llega a tomar la decisión de pedir un fatídico “rescate”.