Defendiendo los Servicios Públicos

Pedro J. Mesas - ATTAC Castilla - la Mancha
Plataforma en defensa de lo Público de Villarrobledo y comarca

    ¿Quién se beneficia de las medidas de un gobierno? Esta pregunta, que en principio parece sencilla de responder, no es tan clara en los tiempos que corren, se supone que en las resoluciones de un gobierno los primeros beneficiarios deben ser los ciudadanos, la mayoría de la ciudadanía. Pero esto ya no es así. Cuando se reduce, desmantela o se descuida el estado del bienestar se esta perjudicando a la inmensa mayoría y esto nos platea necesariamente otras preguntas: ¿a quien beneficia? y ¿por qué se hace? Donde este ataque al estado social nos es más cercano es en los servicios públicos, por eso es más necesario que nunca que la ciudadanía tenga toda la información posible a su alcance. 

   Es lo que hemos pretendido poniendo en marcha una serie de charlas informativas impartidas por profesionales que han estudiado las causas y las consecuencias de estos ataques a lo público. En noviembre tuvimos la oportunidad de conocer el caso de la Sanidad Pública de la mano de José Andrés Guijarro, médico en el hospital de Cuenca. Gracias a su trabajo podemos entender mejor los motivos del desmantelamiento y posterior privatización de la Sanidad Publica. “La ignorancia es un arma del poder, les proporciona silencio y el que calla otorga”, a modo de resumen. 

   Lo primero que tenemos que saber es que el proceso privatizador no es exclusivo de España y tampoco es una problema de nuestro presente, viene gestándose desde mucho más atrás. Europa ha ido preparando las condiciones para poder dinamitar un sistema sanitario sólido y que ha gozado de gran prestigio internacional. El Tratado de Maastritch de 1992 (y posteriores resoluciones que lo han reforzado: Directiva Bolkestein, Tratado de Lisboa) recoge que el gasto en la gestión publico-privada puede no computar como déficit publico gracias a una serie de reglas contables poco claras. Esto no quiere decir que el gasto desaparezca, sigue existiendo, y entra dentro de la deuda publica que está aumentando a pasos agigantados y es la que tendremos que pagar todas. Con esta base -y más en una época con límite de déficit- es con la que se abren las puertas a la privatización encubierta ¿Y el por qué de esta norma? Es sencillo, el coste de la gestión privada es mucho más alto y se debe ocultar de alguna forma, por eso obligan a basar todos los cálculos presupuestarios en este “déficit engañoso”. Por tanto, estamos hablando de un proceso que comenzó hace 20 años, que se ha ido poniendo en práctica de una forma u otra por los diferentes gobiernos estatales y autonómicos, a lo que se ha unido una campaña de desprestigio de la gestión publica, en general basada en ideología y no en dados reales. 
   
   El principal argumento que el gobierno utiliza para imponer la idea de la privatización a ojos de la opinión publica es el de la insostenibilidad económica o, como les gusta llamarlo simplonamente, “el despilfarro”. Algo que es falso. Nuestro sistema sanitario es uno de los que más cobertura da con un coste menor de toda Europa, tiene unas bases muy sólidas basadas en el derecho, en la universalidad y en la solidaridad impositiva, pilares que le han hecho soportar los intereses partidistas, los envites de la industria farmacéutica y la incompetencia de algunos gestores políticos durante estos años. El agujero en las cuentas públicas no ha sido provocado por ningún servicio público sino por las distintas modalidades de rescates bancarios y por la perdida de recaudación impositiva, las clases populares han soportado y soportan el peso fiscal mientras que las élites económicas han gozado y gozan de privilegios impositivos. Este es el problema, no es una crisis de gastos, es una crisis de ingresos.

    En cuanto al coste de la gestión sanitaria privada –por cierto, controlada por esa élite económica- podemos señalar el continuo aumento de gasto sanitario allí donde se ha ido aplicando en sus diferentes modalidades (Reino Unido, C. Valenciana, Madrid). Y esto nos hace volver a la pregunta inicial ¿Quién se beneficia de estas medidas? Lo que está bastante claro es que las clases populares no vamos a ser, ya que su servicio empeora en todos los aspectos: diferencia entre pacientes rentables y no rentables, desplazamientos por cierres de servicios, listas de espera, ahorro de medios, copagos, menos efectivos, etc. También tenemos que contar con devolver la inmensa deuda que generará este modelo. Los beneficiarios son los mercados, una poderosa minoría. Aquí llegan con nombres como Capio o Rivera Salud. Son empresas participadas o directamente creadas por fondos de capital riesgo, es decir por pura especulación. Cabe destacar la estrecha relación de estos grupos empresariales y algunos partidos políticos, uno de los motivos de estas decisiones. 

   En el caso que nos es más cercano, el del hospital de Villarrobledo, el modelo que se quiere imponer consiste en un pago de la administración por habitante a la empresa dentro de la zona de influencia del hospital se acuda o no al médico. Para que este cálculo le sea rentable a la empresa es necesario controlar la atención primaria del área de influencia, es decir, deben gestionar también los centros de salud del área hospitalaria para ejercer un control sobre el numero de pacientes derivados al Hospital de Villarrobledo. A menos pacientes atendidos en el hospital comarcal más beneficio para la empresa. 

   Al introducir en un servicio público como la sanidad el beneficio económico nos convertimos en prisioneros de otros intereses muy alejados del verdadero fin de un derecho como es la atención sanitaria que no es otro que la rentabilidad social. No es cierto que no haya otra salida, sí hay alternativas, solo que no responden al interés de los que realmente mandan. 

   La ciudadanía tiene el deber de resistir ante este ataque a lo común como primer paso, para poder recuperar entre todas la democracia, nuestro futuro. Durante el ultimo año La Plataforma en Defensa de lo Publico de Villarrobledo y Comarca ha luchado contra esta estafa, retrasando los planes previstos por el gobierno regional y sumando cada vez a más gente. Entendemos que esta es la forma de cambiar las cosas. Hay que unirse y organizarse.

Artículo publicado en "San Clemente 30 días"