Gregorio López Sanz - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UCLM-Albacete) - Miembro de ATTAC-Albacete - http://gregoriolopezsanz.blogspot.com/
Sólo voy a dedicar una docena de palabras para definir las políticas que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha: Meter miedo, liquidar derechos sociales, ampliar el negocio de los mercados especulativos. Lo mismo que ha hecho el Gobierno del PSOE en el Estado español, y lo mismo que va a comenzar a hacer su sustituto del PP en los próximos días.
Y ya no hay que perder más tiempo con ello. Lo que me interesa resaltar ahora es que, tanto para el Gobierno de España como para el Gobierno de Castilla-La Mancha, existen alternativas factibles hacia horizontes de más igualdad y solidaridad. Sólo hay que poner en marcha otras políticas, radicalmente distintas a las que hasta ahora se han asumido a pies juntillas como dogmas de fe. Ya nadie duda de que las medidas aplicadas hasta ahora han agravado la situación, por lo que seguir en la misma línea es avanzar hacia el precipicio.
No podemos quedarnos paralizados/as muertos/as de miedo y diciendo: “Bueno, es que no hay otra opción. Los de atrás lo han dejado todo manga por hombro y ahora hay que poner orden”. Los de antes y los de ahora, si realmente les preocupara la gente de a pie, se hubieran esforzado en no asumir el destino negro que nos pintan, y en rebelarse ante imposiciones “técnicas” que sólo buscan hundir más a la gente humilde y encumbrar a los delincuentes financieros. Cuando un sistema no nos vale, cuando se reproduce a costa del dolor y el sufrimiento de mucha gente, toca cambiarlo, organizarnos social y políticamente de otra manera, para que sea posible lo justo, para perseguir la sinvergonzonería.
Ni un paso atrás en los derechos de la gente. Muchos pasos adelante en organizar un sistema fiscal progresivo, que fortalezca la capacidad financiera del Estado para garantizar lo público, a través de impuestos a los que más tienen y de bancos centrales y bancos públicos con la tarea de financiar los derechos sociales y a las pequeñas empresas como única encomienda.
- Subir el tipo impositivo máximo en el IRPF desde el 44-45% actual hasta el 56% que había en 1978, cuando se creó este impuesto. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP decidieron que los ricos pagaran menos impuestos, y en momentos como este “falta dinero por todos lados”. Esa subida del 11-12% permitiría un aumento de la recaudación sustancial, y por tanto, desterrar los recortes. Ese aumento del tipo impositivo del IRPF sólo afectaría a las familias con una renta anual superior a los 120.000 euros, por lo que podrían hacer frente a estos mayores impuestos sin ningún problema.
- Eliminar la bonificación del 95% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que fue introducida por el anterior Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha en 2008, lo que permitiría aumentar la recaudación en unos 50 millones de euros/año.
- Aumentar el tipo impositivo al que tributan las SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión Colectiva, con un capital mínimo de 2.400.000 euros), pasando del actual 1% al 25%. En general, introducir un tipo de gravamen único para las rentas del capital equivalente al tipo marginal de las rentas del trabajo de cada contribuyente. Un ejemplo: en el caso de dos familias con igual renta, una procedente del capital y otra del trabajo, aquella cuya renta procede del capital tiene una tributación mucho más favorable, lo cual es injusto e incentivador de la especulación.
- Volver a introducir el Impuesto de Patrimonio, que fue suprimido por el Gobierno del PSOE de España en 2008, y que suponía una recaudación de 2.000 millones de euros/año.
- Eliminación de la desgravación fiscal por planes de pensiones privados, que permitiría aumentar la recaudación impositiva del Estado entre 1.500 y 2.000 millones de euros/año.
- Implantar un nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras Especulativas, con finalidad disuasoria, es decir, tratando de impedir que se lleven a cabo movimientos de capital que sólo buscan grandes ganancias a corto plazo, aunque sea a costa de llevarse por delante a la economía real, esa que produce bienes y servicios básicos para la gente.
- Implantar un nuevo Impuesto sobre los Beneficios de los Bancos, que a pesar de todo, en estos años de crisis han mantenido unos beneficios absolutamente inmorales, a la par que no han tenido la más mínima contemplación para cerrar el grifo del crédito y para dejar a miles de familias en la calle.
- Y lo más importante y urgente en estos momentos, que las necesidades de financiación de las administraciones públicas no estén maniatadas por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que restringe el déficit, el endeudamiento y la forma de financiarlo. Frente a unos bancos privados que se han quedado en exclusiva el negocio mafioso de financiar con usura a los Estados, volver a controlar las finanzas y el dinero por parte de la ciudadanía, con bancos centrales sensibles a las necesidades de la gente, para que no falten euros o pesetas que financien servicios esenciales para la ciudadanía. Y digo pesetas…porque si el euro nos lleva por la senda del autoritarismo disfrazado de gobiernos tecnócratas y el empobrecimiento por decreto, volvemos a la peseta, recuperamos autonomía e intentamos tomar las riendas de nuestro destino, que por complicado que se presente, no podrá serlo mucho más que el que ahora se dibuja en las dos Eurozonas: la rica y la pobre.
Con la excusa de que no se pueden mantener los servicios públicos, se procede a privatizar su gestión, y así se amplían las posibilidades de negocio de grandes empresas que operan con criterios de maximización de beneficios privados a toda costa. Y si todos/as sabemos a dónde nos ha llevado este criterio en el caso de los bancos y cajas, imaginemos lo que se avecina ahora dejando campar a sus anchas a estas grandes empresas, que como la experiencia reciente nos ha mostrado, han ido de la mano de corrupciones políticas de todo tipo, color y condición, estableciendo relaciones de connivencia con responsables políticos, y operando a través de paraísos fiscales para “no dejar huella” del fraude.
Y mientras tanto, los municipios, la administración pública más antigua y más cercana a la ciudadanía, están en quiebra. Con un reguero de deudas que asfixian a trabajadores/as públicos, proveedores y ciudadanos/as que utilizan los servicios públicos. Los gobiernos estatal y regional, salientes y entrantes, no han hecho nada en 32 años de período constitucional para sentar las bases de su suficiencia financiera, es decir, de su independencia política. Las municipios han sido utilizados como marionetas por élites políticas para prestar servicios que correspondían a otras administraciones en régimen de “pedir y ya veremos lo que se os da”, y ahora, sin dinero, quedan en el más absoluto desamparo.
Con el rumbo que ha definido el actual Gobierno del PP de Castilla-La Mancha, tras la estela de los postulados y principios marcados por la Unión Europea y el Gobierno de España, avanzamos sin remedio a una situación de darwinismo social. Es decir, sálvese el que pueda, procurándose privadamente servicios como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones…. ¿Y los que no puedan? Pues a la calle, en el sentido más cívico y democrático de la palabra. A impedir que el PP de Castilla-La Mancha, con el 36% de los votos sobre el total del censo electoral en las pasadas elecciones autonómicas, lleve a cabo políticas contra el 99% de la población, ni contra el 64% del censo electoral que no le votó. Lo primero de todo, defender y reinventar la democracia.
Sólo voy a dedicar una docena de palabras para definir las políticas que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha: Meter miedo, liquidar derechos sociales, ampliar el negocio de los mercados especulativos. Lo mismo que ha hecho el Gobierno del PSOE en el Estado español, y lo mismo que va a comenzar a hacer su sustituto del PP en los próximos días.
Y ya no hay que perder más tiempo con ello. Lo que me interesa resaltar ahora es que, tanto para el Gobierno de España como para el Gobierno de Castilla-La Mancha, existen alternativas factibles hacia horizontes de más igualdad y solidaridad. Sólo hay que poner en marcha otras políticas, radicalmente distintas a las que hasta ahora se han asumido a pies juntillas como dogmas de fe. Ya nadie duda de que las medidas aplicadas hasta ahora han agravado la situación, por lo que seguir en la misma línea es avanzar hacia el precipicio.
No podemos quedarnos paralizados/as muertos/as de miedo y diciendo: “Bueno, es que no hay otra opción. Los de atrás lo han dejado todo manga por hombro y ahora hay que poner orden”. Los de antes y los de ahora, si realmente les preocupara la gente de a pie, se hubieran esforzado en no asumir el destino negro que nos pintan, y en rebelarse ante imposiciones “técnicas” que sólo buscan hundir más a la gente humilde y encumbrar a los delincuentes financieros. Cuando un sistema no nos vale, cuando se reproduce a costa del dolor y el sufrimiento de mucha gente, toca cambiarlo, organizarnos social y políticamente de otra manera, para que sea posible lo justo, para perseguir la sinvergonzonería.
Ni un paso atrás en los derechos de la gente. Muchos pasos adelante en organizar un sistema fiscal progresivo, que fortalezca la capacidad financiera del Estado para garantizar lo público, a través de impuestos a los que más tienen y de bancos centrales y bancos públicos con la tarea de financiar los derechos sociales y a las pequeñas empresas como única encomienda.
- Subir el tipo impositivo máximo en el IRPF desde el 44-45% actual hasta el 56% que había en 1978, cuando se creó este impuesto. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP decidieron que los ricos pagaran menos impuestos, y en momentos como este “falta dinero por todos lados”. Esa subida del 11-12% permitiría un aumento de la recaudación sustancial, y por tanto, desterrar los recortes. Ese aumento del tipo impositivo del IRPF sólo afectaría a las familias con una renta anual superior a los 120.000 euros, por lo que podrían hacer frente a estos mayores impuestos sin ningún problema.
- Eliminar la bonificación del 95% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que fue introducida por el anterior Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha en 2008, lo que permitiría aumentar la recaudación en unos 50 millones de euros/año.
- Aumentar el tipo impositivo al que tributan las SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión Colectiva, con un capital mínimo de 2.400.000 euros), pasando del actual 1% al 25%. En general, introducir un tipo de gravamen único para las rentas del capital equivalente al tipo marginal de las rentas del trabajo de cada contribuyente. Un ejemplo: en el caso de dos familias con igual renta, una procedente del capital y otra del trabajo, aquella cuya renta procede del capital tiene una tributación mucho más favorable, lo cual es injusto e incentivador de la especulación.
- Volver a introducir el Impuesto de Patrimonio, que fue suprimido por el Gobierno del PSOE de España en 2008, y que suponía una recaudación de 2.000 millones de euros/año.
- Eliminación de la desgravación fiscal por planes de pensiones privados, que permitiría aumentar la recaudación impositiva del Estado entre 1.500 y 2.000 millones de euros/año.
- Implantar un nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras Especulativas, con finalidad disuasoria, es decir, tratando de impedir que se lleven a cabo movimientos de capital que sólo buscan grandes ganancias a corto plazo, aunque sea a costa de llevarse por delante a la economía real, esa que produce bienes y servicios básicos para la gente.
- Implantar un nuevo Impuesto sobre los Beneficios de los Bancos, que a pesar de todo, en estos años de crisis han mantenido unos beneficios absolutamente inmorales, a la par que no han tenido la más mínima contemplación para cerrar el grifo del crédito y para dejar a miles de familias en la calle.
- Y lo más importante y urgente en estos momentos, que las necesidades de financiación de las administraciones públicas no estén maniatadas por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que restringe el déficit, el endeudamiento y la forma de financiarlo. Frente a unos bancos privados que se han quedado en exclusiva el negocio mafioso de financiar con usura a los Estados, volver a controlar las finanzas y el dinero por parte de la ciudadanía, con bancos centrales sensibles a las necesidades de la gente, para que no falten euros o pesetas que financien servicios esenciales para la ciudadanía. Y digo pesetas…porque si el euro nos lleva por la senda del autoritarismo disfrazado de gobiernos tecnócratas y el empobrecimiento por decreto, volvemos a la peseta, recuperamos autonomía e intentamos tomar las riendas de nuestro destino, que por complicado que se presente, no podrá serlo mucho más que el que ahora se dibuja en las dos Eurozonas: la rica y la pobre.
Con la excusa de que no se pueden mantener los servicios públicos, se procede a privatizar su gestión, y así se amplían las posibilidades de negocio de grandes empresas que operan con criterios de maximización de beneficios privados a toda costa. Y si todos/as sabemos a dónde nos ha llevado este criterio en el caso de los bancos y cajas, imaginemos lo que se avecina ahora dejando campar a sus anchas a estas grandes empresas, que como la experiencia reciente nos ha mostrado, han ido de la mano de corrupciones políticas de todo tipo, color y condición, estableciendo relaciones de connivencia con responsables políticos, y operando a través de paraísos fiscales para “no dejar huella” del fraude.
Y mientras tanto, los municipios, la administración pública más antigua y más cercana a la ciudadanía, están en quiebra. Con un reguero de deudas que asfixian a trabajadores/as públicos, proveedores y ciudadanos/as que utilizan los servicios públicos. Los gobiernos estatal y regional, salientes y entrantes, no han hecho nada en 32 años de período constitucional para sentar las bases de su suficiencia financiera, es decir, de su independencia política. Las municipios han sido utilizados como marionetas por élites políticas para prestar servicios que correspondían a otras administraciones en régimen de “pedir y ya veremos lo que se os da”, y ahora, sin dinero, quedan en el más absoluto desamparo.
Con el rumbo que ha definido el actual Gobierno del PP de Castilla-La Mancha, tras la estela de los postulados y principios marcados por la Unión Europea y el Gobierno de España, avanzamos sin remedio a una situación de darwinismo social. Es decir, sálvese el que pueda, procurándose privadamente servicios como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones…. ¿Y los que no puedan? Pues a la calle, en el sentido más cívico y democrático de la palabra. A impedir que el PP de Castilla-La Mancha, con el 36% de los votos sobre el total del censo electoral en las pasadas elecciones autonómicas, lleve a cabo políticas contra el 99% de la población, ni contra el 64% del censo electoral que no le votó. Lo primero de todo, defender y reinventar la democracia.
Estimado compañero, me permito realizar las siguientes apreciaciones:
ResponderEliminar1)Primero.- En un país con una tasa de economía sumergida del 23-25% del PIB, el primer objetivo debe ser eliminar o reducir el fraude fiscal. Se puede si se quiere. Hay que dotar de medios suficientes a la Inspección de la AEAT. Se está haciendo justo lo contrario. Sin esta premisa, cualquier aumento impositivo es de dudosa eficacia y equidad. Se reduce el efecto de las medidas y se hacen recaer sobre la población que contribuye sea cual sea su renta, en beneficio de los defraudadores que ven mejorada su posición relativa. Aunque de modo interesado se nos hace creer que esa economía sumergida consiste en el parado que hace chapuzas por las tardes, los propios informes internos de Hacienda, indican lo contrario. La simulación y las operaciones opacas son coto casi exclusivo de las grandes compañías.
2) Segundo.- Es necesaria la eliminación de casi todos los beneficios fiscales y no solo las deducciones a los planes de pensiones. El grueso de ese “fraude legal” se encuentra en el Impuesto de Sociedades, cuya lista de beneficios fiscales como bien conoces es interminable. En su informe de 2008, la AEAT reconocía que el tipo medio efectivo de los grupos consolidados era del 14,5%, mientras que el de las PYMES el 23%.
3) Tercero.- En cuanto a la imposición directa, no creo que el arreglo sea tan simple como subir el tipo general del IRPF. Antes habría que corregir tres despropósitos:
a. Mientras que las rentas del trabajo o de actividades económicas (autónomos) están gravadas a tarifa progresiva; la denominada base imponible de ahorro (rentas de capital e incrementos de patrimonio) tributan a tipo fijo. Para este 2011 creo recordar que al 21%. Si me permites una expresión coloquial, el mensaje legal es mas o menos el siguiente: si soy un currito con suerte (con mucha suerte) puedo llegar a pagar un 45%; pero si soy Botín, como casi todas mis rentas vienen del capital pago un 21 y listo.
b. La dichosa estimación objetiva empresarial que se aplica a la construcción y comercio (generalizando). Al ser voluntaria permite al contribuyente (autónomo) elegir entre calcular su rendimiento por diferencia entre ingresos y gastos y estimarlo según coeficientes AEAT. Como es obvio cada cual elige el mas bajo, de tal modo que quien opta por la estimación objetiva está gritando a voces yo gano más, pero pago menos. Además este régimen concentra la práctica totalidad del mercado de facturas falsas que circulan y mucho por nuestra economía. Gran parte de los esfuerzos de la Inspección de Tributos se concentran hoy en combatir este problema que la popia legislación ha creado.
c. La falta de integración entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades hace que las grandes rentas de verdad (los fortunones, banqueros, Consejeros IBEX, etc) elijan el tributo por el que van a pagar. Hasta que interesa pagarán vía sueldos (ellos se los fijan) por IRPF, el resto a elegir según convenga entre rentas de capital o IS. Lo ideal en mi opinión sería una integración de toda la imposición directa. Sería con matices, algo parecido a la antigua Transparencia Fiscal que se aplicaba a las sociedades de profesionales.
4) Cuarto.- En cuanto al Impuesto de Patrimonio, tiene un problema grave. O eliminamos la exención a las acciones y participaciones en sociedades de las que se percibe la mayor parte de la renta, o es un tributo ineficaz y con toda probabilidad injusto. El mecanismo de la sociedad holding de la que cuelga el resto del grupo hace que, al final, solo paga la abuelita del pueblo que heredó tres casas de su madre, mientras que grandes fortunas no tributan un céntimo. Se acogen a la dichosa exención y listo. Eliminar ésta es tarea compleja desde el punto de vista legal, por causas que bien conoces y que exceden con mucho el ámbito de este comentario.
Un abrazo, enhorabuena por el trabajo, mil gracias y salud.