En esta especie de olimpiadas del recorte en que se ha convertido la vida política española, se precisa una reflexión no interesada sobre la posibilidad de obtener parecidos resultados con distintos medios. Controlar el déficit se ha impuesto como objetivo prioritario. La reducción del gasto social, la herramienta de moda para conseguirlo.
El déficit público - por definición - es la diferencia con saldo negativo entre los ingresos y los gastos del sector público. Parece dogma de fe que ese objetivo solo puede lograrse subiendo impuestos o reduciendo prestaciones sociales. Nada mas lejos de la realidad. Existen alternativas. Aquí planteamos una de ellas: mejorar la eficiencia del sistema tributario.
La eficiencia tributaria. Se puede decir que un tributo (o un sistema tributario en su conjunto) son eficientes, cuando permiten obtener la mayor cantidad de recursos al menor coste y con las menores distorsiones en la actividad económica. Un tributo eficaz ha de ser fácil y barato de recaudar, fácil y barato de aplicar y, salvo en el caso de los impuestos especiales, lo más neutro posible para la economía en su conjunto. Ello no impide que pueda ser progresivo, pero obliga a que sea igual de progresivo para todos.
Los enemigos de la eficiencia tributaria. En un esfuerzo de síntesis, podemos decir que son cuatro los factores principales que afectan de modo negativo al concepto que estudiamos: la complejidad técnica de las leyes, el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión fiscal.
La complejidad técnica. Cualquiera que se haya enfrentado a una declaración de la renta no necesita aclaración alguna sobre el significado de este término. Las liquidaciones tributarias son tan complejas que se convierten en tarea de especialistas. Se aumenta el coste para el contribuyente al tener que contratar a terceros que le ayuden, se incrementa su percepción subjetiva de gravamen, se encarecen y dificultan las comprobaciones administrativas y se favorece la posibilidad de defraudar.
El fraude fiscal y la economía sumergida. En principio son conceptos distintos que por proximidad de origen y equivalencia de efectos, admiten consideración conjunta.
Hablamos de fraude fiscal cuando alguien vulnera las leyes y paga menos impuestos de los que le corresponden. Por economía sumergida entendemos aquella parte de la actividad que se realiza al margen de cualquier regulación legal. Suele implicar no solo fraude fiscal, si no laboral, de seguridad social, infracción de normas sanitarias, etc. Para entendernos, el fraude equivaldría a hacer trampas en las liquidaciones de impuestos, mientras que quien practica la economía sumergida, ni siquiera presenta la declaración.
Los efectos de ambos son devastadores. Reducen la recaudación, favorecen el déficit, perjudican la competitividad de las empresas, fomentan la precariedad laboral y eliminan las garantías del consumidor.
La elusión fiscal. - Se trata de un concepto más refinado. Es el fraude con gomina y traje de marca. No hablamos de hacer trampas, sino de eludir (de ahí su denominación) el pago de impuestos por vías “legales”. Las deslocalizaciones empresariales, las lagunas legislativas y, sobre todo, el mecanismo de las deducciones y bonificaciones serían sus principales manifestaciones. Los efectos son similares a los de la economía sumergida aunque, en muchos casos, su eliminación se vende mal desde el punto de vista político. Pongamos dos ejemplos.
A alguien se le ocurre que para fomentar la adquisición de vivienda es bueno establecer una deducción en el IRPF por tal concepto. Después, otro alguien ve en ello un agravio comparativo para quien vive de alquiler y establece otra deducción por arrendamiento. Resultado: los promotores y propietarios conocedores de esa deducción suben el precio y aumentan su beneficio. Perjudicados: el estado que recauda menos y el joven que vive con sus padres. No puede ni comprar ni alquilar por falta de medios y, como se descuide, termina pagando más impuestos que el resto al carecer de deducciones.
En el ámbito empresarial un clásico son las bonificaciones por patrocinar determinados eventos deportivos, religiosos o culturales. La entidad se publicita, pero vía reducción recaudatoria, pagamos la factura entre todos.
Las cifras.- Cuantificar lo expuesto en los puntos anteriores es complejo. El carácter en muchos casos oculto de las actividades, junto a la falta de colaboración de administraciones y empresas, otorgan a esta tarea un tono casi detectivesco. Pese ello, se dispone de información suficiente.
Respecto a la elusión fiscal hay hechos que llaman la atención. Por ejemplo, según su propio informe de auditoría, el Banco de Santander tributó en 2009 a una tasa efectiva del 11,5%. Casi 20 puntos por debajo del tipo teórico que se sitúa para estas entidades en un 30%.
Más reveladores son los datos facilitados por la propia Agencia Tributaria. Relativo a la liquidación del 2008, se admitía que los grupos consolidados (las grandísimas empresas del país) tributaban a un tipo medio efectivo del 14,5%, menos de la mitad del teórico y bastante inferior a la retención que se aplica a una nómina de, por ejemplo, 1800 euros mes. Se reconoce que cuanto más pequeña es la empresa, más paga. Una PYME tributa a un tipo real del 23%, cuando el nominal para ellas es del 25.
En cifras agregadas podemos destacar que el presupuesto de 2011 preveía unos beneficios fiscales de unos 40.000 millones de euros.
En cuanto a fraude y economía sumergida, dos informes resultan especialmente reveladores. En 2004 (antes del inicio de la crisis de deuda) un conocido análisis de la CGT establecía el siguiente ranking europeo de economía sumergida:
1º Grecia 35% del PIB
2º Italia 26% del PIB
3º España 23% del PIB.
¿Casualidad? Por si alguien echa de menos a Portugal no es que esté al margen de esta tendencia, es que en aquella época carecía de estimaciones.
En cifras agregadas el último informe de la Fundación de la Cajas de Ahorro, concreta en 31.000 millones de euros/año la recaudación que el sector público deja de ingresar por las distintas formas de fraude.
Una simple suma nos da un total de unos 70.000 millones de euros año que se podrían recaudar si incrementamos la eficiencia del sistema tributario.
Para todos los que se pregunten si esa cuantía sirve para algo, aportamos un dato final. El famoso tijeretazo de Zapatero de mayo de 2010, el del recorte en pensiones, salarios funcionariales y desmantelamiento de lo poco que quedaba en el sector público, pretendía ahorrar 15.000 millones de euros.
Las propuestas. Para alcanzar esta necesaria eficiencia fiscal serían precisos tres tipos de políticas:
- Simplificación y mejora técnica de las regulaciones tributarias. Menos normas y mas sencillas de aplicar y de controlar.
- Lucha decidida contra las grandes bolsas de fraude y la economía sumergida. Más medios de control y endurecimiento de las sanciones penales a los delitos fiscales y monetarios. Eliminación de los regímenes de estimación objetiva.
- Supresión de deducciones y bonificaciones, salvo las técnicas y por doble imposición. Acabar con los paraísos fiscales.
Hay otras formas de hacer las cosas y otras alternativas para resolver los problemas.
Attac Toledo-CLM (attacinfoClm@gmail.com)
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