Jesús Sordo Medina - ATTAC Castilla - la Mancha
Paradójicamente, cuando la crisis financiera y económica comenzó a hacer estragos en la población española en el 2008, el gobierno de turno agilizó la normativa sobre ejecuciones hipotecarias que a la postre ha facilitado los desahucios tanto en régimen de alquiler como para la compra de vivienda, lo que añadido al empeoramiento de la pérdida de poder adquisitivo en la población derivada del aumento del paro, ha llevado, inevitablemente, a un incremento masivo de los desahucios, contándose desde el año 2007 en 400 mil ejecuciones hipotecarias que han derivado en 350 mil desahucios (1) poniendo a millones de personas en una situación de total indefensión y creando un nuevo sector poblacional de extrema pobreza.
Paradójicamente, cuando la crisis financiera y económica comenzó a hacer estragos en la población española en el 2008, el gobierno de turno agilizó la normativa sobre ejecuciones hipotecarias que a la postre ha facilitado los desahucios tanto en régimen de alquiler como para la compra de vivienda, lo que añadido al empeoramiento de la pérdida de poder adquisitivo en la población derivada del aumento del paro, ha llevado, inevitablemente, a un incremento masivo de los desahucios, contándose desde el año 2007 en 400 mil ejecuciones hipotecarias que han derivado en 350 mil desahucios (1) poniendo a millones de personas en una situación de total indefensión y creando un nuevo sector poblacional de extrema pobreza.
Además del comportamiento insolidario y la falta de humanismo de los dos últimos ejecutivos, el sector bancario y financiero, principal culpable de la crisis, a través de la Asociación Española de Banca (AEB), afirmó en un comunicado del pasado 15 de
noviembre entender la situación de gravedad que viven millones de personas, pero apunta: “La AEB tiene que hacer notar que el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito” (2), entidades que para esta asociación constituyen parte fundamental de la estabilidad del sistema económico español. En su reflexión, la AEB olvida el hecho de que la solución a la crisis creada por las entidades de crédito corre a cargo de la ciudadanía y si alguien ha producido inestabilidad en el sistema económico de este país han sido los propios bancos.
Ante esta clara situación de deficiencia democrática, la ciudadanía ha salido a la calle para decir basta a la hipocresía del gobierno actual y su connivencia con el poder bancario. Gracias a las movilizaciones y, lamentablemente, a los diversos suicidios que se han producido en las últimas semanas, los poderes públicos y económicos han reaccionado, elaborando un nuevo Decreto Ley de urgencia para parar los desahucios (3), decreto insuficiente.
En este nuevo Decreto Ley, que el Partido Popular ha denominado De medidas urgentes para la protección a los deudores hipotecarios se contempla la suspensión de los lanzamientos de la vivienda -o lo que es lo mismo, ejecutar el desahucio- por un periodo de dos años pero sólo en una serie de supuestos, dejando a una parte considerable de los deudores hipotecarios fuera de esta medida de gracia, especialmente a los deudores individuales, es decir que no constituyan una unidad familiar. Tampoco se contempla evitar el levantamiento para las personas en régimen de alquiler o unidades familiares monoparentales con un solo hijo, por ejemplo.
No obstante a la mala praxis política de nuestros gobernantes y la violencia [económica] ejercida por entidades de crédito, afortunadamente existe un espacio para las luces y la justicia, donde se congregan ciudadanos, plataformas en defensa de los usuarios o sectores del mundo jurídico como el Consejo General de la Abogacía, el cual ha difundido un texto (4) de utilidad para los perjudicados por los desahucios y que compendia una serie de normativas para justificar el rechazo de un deudor a pagar si no le es posible hacer frente a su deuda.
Así, el texto recuerda que el propio presidente del Consejo General del Poder judicial ha dejado claro que los jueces podrán actuar libremente para “suspender, paralizar, modificar o adaptar la decisión judicial al caso concreto”. A esta petición del presidente del CGPJ también se han unido Jueces para la Democracia y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, organización emisora del texto.
El hecho de que los jueces puedan suspender levantamientos por iniciativa propia obedece a que las normas jurídicas son flexibles y deben adaptarse e interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas”, siempre teniendo en cuenta que tanto la Constitución Española como la Declaración Universal de los Derechos Humanos deben ser aplicadas con eficacia y no permanecer como meras declaraciones de intenciones.
Otro aspecto importante son los derechos de los consumidores, los cuales son protegidos gracias al “artículo 51 en relación con el 53.3 de la Constitución Española” que en situaciones como las ejecuciones hipotecarias se convierten en la parte más débil y deben ser protegidos para cumplir con el artículo 9 de la Constitución Española: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.”, es decir que todos deben respetar la ley y la protección de los más débiles se convierte en ley para ser cumplida por el gobierno.
Asimismo, y según el Tribunal Constitucional, en su Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004, se reconoce la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho interno, en este caso, el español, por lo que la actual normativa sobre ejecuciones hipotecarias española estaría vulnerando la normativa europea por ilegal, inconstitucional y contraria al derecho comunitario.
noviembre entender la situación de gravedad que viven millones de personas, pero apunta: “La AEB tiene que hacer notar que el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito” (2), entidades que para esta asociación constituyen parte fundamental de la estabilidad del sistema económico español. En su reflexión, la AEB olvida el hecho de que la solución a la crisis creada por las entidades de crédito corre a cargo de la ciudadanía y si alguien ha producido inestabilidad en el sistema económico de este país han sido los propios bancos.
Ante esta clara situación de deficiencia democrática, la ciudadanía ha salido a la calle para decir basta a la hipocresía del gobierno actual y su connivencia con el poder bancario. Gracias a las movilizaciones y, lamentablemente, a los diversos suicidios que se han producido en las últimas semanas, los poderes públicos y económicos han reaccionado, elaborando un nuevo Decreto Ley de urgencia para parar los desahucios (3), decreto insuficiente.
En este nuevo Decreto Ley, que el Partido Popular ha denominado De medidas urgentes para la protección a los deudores hipotecarios se contempla la suspensión de los lanzamientos de la vivienda -o lo que es lo mismo, ejecutar el desahucio- por un periodo de dos años pero sólo en una serie de supuestos, dejando a una parte considerable de los deudores hipotecarios fuera de esta medida de gracia, especialmente a los deudores individuales, es decir que no constituyan una unidad familiar. Tampoco se contempla evitar el levantamiento para las personas en régimen de alquiler o unidades familiares monoparentales con un solo hijo, por ejemplo.
No obstante a la mala praxis política de nuestros gobernantes y la violencia [económica] ejercida por entidades de crédito, afortunadamente existe un espacio para las luces y la justicia, donde se congregan ciudadanos, plataformas en defensa de los usuarios o sectores del mundo jurídico como el Consejo General de la Abogacía, el cual ha difundido un texto (4) de utilidad para los perjudicados por los desahucios y que compendia una serie de normativas para justificar el rechazo de un deudor a pagar si no le es posible hacer frente a su deuda.
Así, el texto recuerda que el propio presidente del Consejo General del Poder judicial ha dejado claro que los jueces podrán actuar libremente para “suspender, paralizar, modificar o adaptar la decisión judicial al caso concreto”. A esta petición del presidente del CGPJ también se han unido Jueces para la Democracia y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, organización emisora del texto.
El hecho de que los jueces puedan suspender levantamientos por iniciativa propia obedece a que las normas jurídicas son flexibles y deben adaptarse e interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas”, siempre teniendo en cuenta que tanto la Constitución Española como la Declaración Universal de los Derechos Humanos deben ser aplicadas con eficacia y no permanecer como meras declaraciones de intenciones.
Otro aspecto importante son los derechos de los consumidores, los cuales son protegidos gracias al “artículo 51 en relación con el 53.3 de la Constitución Española” que en situaciones como las ejecuciones hipotecarias se convierten en la parte más débil y deben ser protegidos para cumplir con el artículo 9 de la Constitución Española: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.”, es decir que todos deben respetar la ley y la protección de los más débiles se convierte en ley para ser cumplida por el gobierno.
Asimismo, y según el Tribunal Constitucional, en su Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004, se reconoce la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho interno, en este caso, el español, por lo que la actual normativa sobre ejecuciones hipotecarias española estaría vulnerando la normativa europea por ilegal, inconstitucional y contraria al derecho comunitario.
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Desde el inicio de la crisis, los ciudadanos hemos asistido a una demolición constante del frágil equilibrio entre derechos y deberes, fundamento esencial de la democracia. De forma implacable, a la ciudadanía, exenta de responsabilidades en esta crisis, se le han aumentado las obligaciones mientras que sus derechos han quedado gravemente mermados.
Imaginamos que todo lo expuesto en este artículo es de sobra conocido por el ejecutivo del Partido Popular, sin embargo, cuando la ciudadanía ha decidido salir a la calle de forma masiva es cuando el gobierno ha reaccionado. Dado que aún queda mucho por hacer para equilibrar deberes y derechos en nuestra sociedad, el camino a seguir por la ciudadanía es obvio.
(1)http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com
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