Este pasado día 11 de julio los ciudadanos pudimos constatar de nuevo la distancia existente entre el gobierno (arropado por una amplia mayoría parlamentaria) y el pueblo español. Pudimos oír cómo se desgranaban, con una desvergüenza insultante y entre aplausos, una tras otra cada medida que el Gobierno actual (como también el anterior) dijo que no tomaría, y por lo cual pudo acceder a una confianza del electorado basada en promesas que hoy todos sabemos falaces. Entre las medidas aprobadas, ATTAC resalta:
- Una subida del IVA que nos coloca por encima de países como Alemania o Francia, impuesto indirecto que por gravar el consumo va a tener efectos devastadores en aquellas personas que difícilmente llegan a fin de mes, recayendo la mayor parte del esfuerzo en pensionistas, mileuristas (o aspirantes al título), y desempleados, pero también en la economía en su conjunto, al deprimir aún más la demanda interna. Para ATTAC, el rechazo a la subida del IVA debería acompañarse de la exigencia de una aplicación inmediata en la UE del Impuesto a las Transacciones Financieras, que son operaciones que no pagan impuestos.
- La eliminación para los trabajadores públicos de una de sus modestas pagas (la extraordinaria de Navidad), medida que, como la anterior, reducirá el consumo de las familias cuyas rentas proceden de trabajar para proveernos a todos los españoles de la sanidad, la educación, la ciencia, la seguridad, la justicia, y todo el resto de servicios públicos necesarios en una sociedad civilizada.
- La reducción de la prestación por desempleo supone añadir el insulto a la ofensa, y ello dirigido a las más humildes familias de este país, quienes sobreviven con esa minúscula renta, y que son ya demasiados millones de personas exponiéndose a la exclusión social y a la miseria.
- La eliminación de consorcios y mancomunidades o de ayuntamientos, que provocará la privatización de numerosos servicios públicos locales y autonómicos y que solo favorecerá a empresas amigas de los que ostentan el poder. Así como la demagógica propuesta de reducir concejales que en realidad esconde una disminución de la pluralidad democrática.
A ello se añaden otra serie de medidas que han de trasladar más la carga de la crisis financiera a quienes no solo no se beneficiaron de la burbuja que la causó, sino que en buena medida ya arrastraban la losa de hipotecas sobrevaluadas por inmuebles cuya tasación falaz fue la base de pingües beneficios del complejo inmobiliario financiero de este país.
Ni una sola de esas medidas va a mejorar la capacidad de la economía española para recuperarse, muy al contrario serán causa de peores resultados macroeconómicos y causarán devastación social en una sociedad ya muy dañada. A nadie engaña que dichas medidas solo tienen un destino, garantizar el pago de la deuda que el complejo inmobiliario financiero tomó en el exterior para hinchar la burbuja del ladrillo, con la connivencia de la banca de Alemania, de Francia o del RU. Esa misma deuda privada que ahora se quiere tornar en pública mediante el préstamo externo que garantizará el Estado, para capitalizar a quienes organizaron, hincharon y disfrutaron la burbuja.
Peor aún, no se ha tomado ni una sola medida para poner coto –y menos depurar responsabilidades- al riesgo sistémico que han causado esas entidades financieras y grandes empresas. Y no solo no se les castiga sino que además se les premia, accediendo a su petición de reducción del poder de negociación de los trabajadores, o la apertura de posibilidades de lucro mediante privatizaciones de los servicios públicos que puedan ser rentables, o la permisividad ante sus prácticas oligopólicas cuando no de manipulación de precios, o la amnistía fiscal a los grandes evasores o la continuidad de megaproyectos ruinosos contratados con esas mismas grandes empresas que en este último año han incrementado un 5% los ingresos de sus cúpulas directivas. Se pretende la privatización del Estado, para negocio de grandes empresas, bancos y capitalistas. Ninguna de las medidas propuestas se acompaña de un mayor control de las transnacionales, de las grandes cadenas comerciales y de distribución y de la banca.
Ante tamaña desvergüenza criminal la sociedad está despertando, percibiendo que el gobierno tan solo presta oídos al interés de una minoría acaudalada, y por ello más y más ciudadanos y ciudadanas nos estamos alzando contra esas injusticias que vacían de contenido nuestra democracia como Estado social y de derecho que declara ser.
ATTAC se posiciona contra ese dictado de políticas económicas criminales, y anima a la ciudadanía a que se oponga a ellas y participe en esta confrontación sabiendo que lo que está en juego es el bienestar de la mayoría (cuando no su supervivencia) frente a la codicia de una oligocracia insolente, insociable, e irresponsable. No queda más remedio que salir a manifestar nuestro rechazo de estas medidas, sin miedo a la creciente y violenta represión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que ya se está produciendo, sabiendo que la unidad de acción en la calle de toda la ciudadanía comprometida es la mejor defensa de la democracia y de los derechos sociales y políticos que este gobierno ilegítimo está atropellando de forma descarada. ATTAC hace un llamamiento a la movilización social permanente y apoya la convocatoria del próximo 19 de julio como primera jornada de esa movilización social en toda España.
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