Políticos estafadores

Juanse Raigal - ATTAC Castilla-La Mancha

En el año 1.984 el grupo de rock vasco La Polla Records sacó a la luz su primer LP (Salve). Contenía 19 canciones cuyas letras fueron compuestas por su cantante Evaristo, entre ellas “Delincuencia”. En el texto de esta canción se dice: Banqueros, unos ladrones sin palanca y de día políticos estafadores juegan a vivir de ti (…/…) Delincuencia, delincuencia es la vuestra. ¡Asquerosos!, delincuencia es la vuestra, vosotros hacéis la ley.

¿Acaso Evaristo era un visionario? ¿Es esta letra un fiel reflejo de lo que estamos viviendo? Y digo esto no ya por los banqueros, cuya actividad es consustancial a la rapiña, el engaño en la letra pequeña, la usura, la venta de activos tóxicos y de su madre si hace falta, sino por los políticos que nos está tocando sufrir a la ciudadanía.

Con relación a estos “padres de la patria”, si buscáramos un encuadre legal al nexo que se establece entre los políticos y los ciudadanos, obviamente tendríamos que acudir a una relación contractual existente entre dos partes, en la que hay una serie de derechos y obligaciones para las mismas, de tal forma que el incumplimiento de los términos pactados pueden ser denunciados por cualquiera de ellas, bien exigiendo el cumplimiento de lo acordado, bien dando por resuelto el contrato. De esta forma, la conducta que debe exigírseles a estos servidores del bien común, a los que nadie obliga a tomar ese compromiso de servicio público, sería la de un comportamiento impecablemente honrado y escrupulosamente veraz con los ciudadanos, esencia de lo que es una verdadera democracia, que no olvidemos significa “gobierno del pueblo”. Muy diferente de lo que los políticos actuales están haciendo.

Si tenemos en cuenta que en nuestro derecho civil privado existen una serie de normas de obligado cumplimiento, igualmente la relación gobernante-gobernado debería estar sujeta al imperio de la ley. Si los tribunales españoles llevan años condenando en el orden civil la publicidad engañosa, es decir, aquella que, de cualquier forma, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, puede afectar a su comportamiento económico, perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor, o bien silenciar datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios, siempre que dicha omisión induzca al error a los destinatarios; de la misma forma se debería condenar en el ámbito político ante el engaño producido mediante el programa electoral que no es cumplido. ¿Cómo? Pues exigiendo el cumplimiento de lo ofertado en el programa, y si esto no fuera posible, restituyéndonos nuestro voto para apoyar aquellos proyectos políticos que sí cumplan con lo prometido. En definitiva, por el imperio de la norma y bajo la coacción de los tribunales, los políticos deberían ser cesados de sus cargos si no cumplieran con lo prometido.

Por otro lado, en el orden penal las conductas de engaño, cuando afectan al orden socioeconómico o al patrimonio de las personas, tales como las estafas, vienen a ser castigadas, aparte de la restitución del bien o el beneficio ilegítimamente obtenido, con penas privativas de libertad. Nuestro Código penal, en su artículo 248.1, viene a tipificar la estafa diciendo: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Las penas, dependiendo del perjuicio ocasionado y su especial gravedad, pueden oscilar entre los 6 meses y los 6 años de prisión.

Si aplicáramos los preceptos civiles y penales a la actividad política, y sobretodo a las promesas electorales que cada 4 años nos vienen haciendo los 2 únicos partidos políticos que tienen posibilidades de gobernar (PSOE y PP), nos encontramos con que, sistemáticamente, los ciudadanos venimos siendo engañados sin el más mínimo escrúpulo y sin que ese tipo de conductas sean sancionadas. A cambio de nuestro voto (nuestro bien jurídico, nuestra contraprestación) nos ofrecen un producto publicitado en el programa electoral, en el que nos ofertan una forma de gobernar que de ninguna forma están dispuestos a cumplir (publicidad engañosa). Por lo que, en términos de derecho civil, existe un incumplimiento contractual que nos da derecho a los ciudadanos a exigir la resolución del contrato electoral, con la pertinente indemnización de los daños y perjuicios que nos ocasionan por la tomadura de pelo.

Sin embargo, lo más acertado sería encuadrar este tipo de conductas en la ESTAFA dado que, mediante el engaño, estos ciudadanos, los políticos, nos hacen realizar un acto de disposición, nuestro voto, que va en nuestro propio perjuicio por ser utilizado –como viene haciendo el actual gobierno del PP- para restringirnos toda una serie de derechos, arduamente adquiridos durante años mediante luchas sociales; recortando servicios básicos y esenciales para la sociedad, tales como educación, sanidad, dependencia, etc, y en otros casos mediante la aprobación de leyes objetivamente injustas como la reforma laboral, la amnistía fiscal y otras más que vendrán. A cambio, los políticos obtienen un lucro económico que no puede negarse: sueldos privilegiados, dietas, viajes, honores, compatibilidades para el ejercicio de actividades empresariales y profesionales, indemnizaciones por el cese de sus cargos, pensiones de jubilación máximas… Y también los privilegios de una casta social que hace que cuando abandonan la política sean contratados por grandes compañías con sueldos astronómicos (los últimos casos los de Elena Salgado y Ángel Acebes). No les lleva a la política el afán de servicio público, el altruismo, no, hace tiempo que la política se ha convertido en un medio de vida en el que se refugian todo tipo de personajes, en muchos casos delincuentes.

Cuando la semana pasada una delegación del gobierno alemán vino a España para que les explicaran las reformas y recortes que ha realizado el gobierno de Rajoy, me sentí estafado porque a mí y a los demás españoles, los ciudadanos y votantes de esta país, nadie nos ha explicado el porqué de las mismas y por qué han incumplido sus promesas electorales. Sólo nos dicen que “son necesarias y beneficiosas para nosotros, y que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. ¿Acaso, subrepticiamente, el PP ha cambiado la Constitución y la soberanía nacional ya no emana del pueblo, sino de Alemania?

Sí, yo al menos me siento estafado por estos políticos, y exijo su castigo antes de que cambien las leyes y seamos los ciudadanos, los votantes, sus por discrepar de ellos, y nos castiguen convirtiendo España en una cárcel en la que no tenga cabida la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de huelga…